Runrunes

Más allá de las lógicas diferencias político partidistas existentes entre actores productivos, empresariales y financieros del país, leemos un informe donde se deja constancia de la extrema preocupación existente entre tirios y troyanos por la descabellada decisión del juez Robinson Vásquez Martínez, titular del Juzgado 13° Penal de Caracas, quien -contrario a las pruebas de los propios despachos gubernamentales- sentenció el 12 de abril en contra de los directivos de las casas de bolsa aduciendo que la comercialización de los TICC correspondían a una actividad cambiaria ilícita. Con esta decisión ocurrirán dos cosas: una, todos los directivos o altos funcionarios de nuestro sistema financiero y sus correspondientes clientes que recurrieron al uso legal de los TICC estarían sujetos a investigación e ir detenidos bajo la Ley de Ilícitos Cambiarios. Y dos, en el marco de nuestra jurisprudencia se llega al extremo de desechar en un proceso judicial en el área financiera la opinión técnica y vinculante del BCV (hay una carta a la Fiscal General) y de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas (memo de su director al ministro Giordani), quienes por escrito afirmaron que las operaciones en divisas y en bolívares en el mercado secundario no tendrían carácter de ilegales o ilícitas, estando autorizadas y supervisadas por el propio Gobierno. Junto a los dos documentos anteriores, tengo una carta del BCV a la Junta Directiva de la Asociación Bancaria señalando la legitimidad y legalidad de las operaciones que ahora el Juez determina como delitos. Nos preguntamos, ¿Dónde está la seguridad jurídica que demandan inversionistas y capitales extranjeros que tanto dijeron -tanto el troglodita Giordani como otros capos rojitos- nos quitaríamos a sombrerazos? Al tratar el tema financiero, imposible no hacer referencia a la estupenda entrevista realizada el pasado 17/4 en este diario por el colega Víctor Salmerón al economista Francisco Faraco, donde éste lanzó sus espectaculares advertencias sobre la estrategia de Gobierno para hacerse del "control político" de la banca venezolana, de abrir cuentas oficiales en el exterior sin transparencia y de utilizar el Fonden para malbaratar los dineros de todos nosotros sin rendirle cuenta a nadie. (cito: "... se está ante el inicio de un período de "control político de la banca. El Presidente en cualquier situación invocando razones genéricas puede intervenir o liquidar una institución financiera, eso antes era una competencia del Ministerio de Finanzas y se necesitaba una documentación de mala conducta bancaria". Las nuevas regulaciones también limitan, desde su punto de vista, "la libertad de expresión. Si yo digo que el sistema bancario está subcapitalizado puedo ser objeto de una imputación y si no me apoya la Superintendencia quedo imputado con pena de 9 a 11 años de cárcel, más de lo que se aplica a un homicidio culposo"). Lo allí plasmado angustia y preocupa. ¿Qué dicen los otros expertos?. ¿Y los sabiondos del régimen?. Mientras tanto Chávez hace toda clase de artilugios ¿legales? para quedarse con más dinero del petróleo y gastarlo demagógica e irresponsablemente en su campaña electoral de la que está seguro saldrá con otra victoria más. Pobre país rico...El Universal, 26/04/2011, Runrunes, Nelson Bocaranda

Burla de aumento salarial

J. Guerra:¨ Es una burla el aumento de salario. No es un aumento del salario mínimo, sino un aumento mínimo de salario.

Estiman que Venezuela es la nación peor evaluada en protección a la propiedad privada

En el Índice Internacional de Derecho de Propiedad 2011, Venezuela ocupó el último lugar de la medición (129), con una puntuación de 3,4 sobre 10 por la escasa capacidad de protección a la propiedad privada que brinda.

Tal como lo reseñó El Nacional, este índice evalúa tres pilares básicos: entorno legal y político, derechos de propiedad físicos y derechos de propiedad intelectual, los cuales según el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico de Venezuela (Cedice), decrecieron pronunciadamente en el país.

Suecia y Finlandia encabezan el índice con una puntuación de 8,5, seguidos de Singapur, que ocupa el segundo, y de Suiza, que está en el tercero.

Los países latinoamericanos que, según la evaluación de la institución, ofrecen más protección a la propiedad privada son: Chile, en la posición 28; Puerto Rico, en la 33, Costa Rica, en la 50; Panamá y Trinidad y Tobago, en la 55; Jamaica, en la 63; Brasil, en la 64: Colombia en la 75; México en la 77, y Perú y El Salvador, en la posición 81.

La organización Cedice afirmó que Venezuela ha descendido gradualmente de lugar en el índice, hasta llegar a la posición más baja este año. A juicio del centro de divulgación económica, la inestabilidad jurídica que generó la próxima salida del país de la Comunidad Andina de Naciones el 21 de abril, incidió en que disminuyera la protección a los derechos de propiedad privada.

“Esto refleja que el exceso de controles, los ataques permanentes a los derechos de propiedad a través de las expropiaciones y estatizaciones, las leyes que limitan la libertad de inversión y tener la inflación más alta de América Latina, hacen que la economía venezolana sea una de las más reprimidas del mundo”, aseguró el presidente de Cedice Rafael Alfonzo Hernández.

Cadivi informa finalización de la Jornada de Actualización de Datos

La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), anuncia a las personas jurídicas inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), que la jornada de actualización de datos culminó el pasado 03 de abril, logrando actualizar los datos básicos de 7.301 usuarios. Asimismo, los usuarios que no efectuaron el trámite de actualización de sus datos básicos, han quedado suspendidos preventivamente del Sistema de Administración de Divisas por 180 días continuos, luego del 04 de abril de 2011, informó el organismo en nota de prensa. Por medio de este proceso de Actualización e Inscripción, Cadivi fortalece la base de datos de los usuarios, lo que permite agilizar los procesos de análisis para la autorización de divisas de cada uno de los sectores productivos, en beneficio de las políticas de control de cambio establecidas en nuestro país. Por otro lado, Cadivi también informó que el Proceso de Registro e Inscripción para Personas Jurídicas que deseen realizar trámites con solicitudes de adquisición de divisas, bajo el esquema de la providencia 106 mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la solicitud de Inscripción y Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), ha sido reanudado desde el pasado 04 de abril del presente año.